La Junta de Gobierno de 1958, inicialmente presidida por Wolfgang Larrazábal,entregó un año después un Tesoro Nacional prácticamente en bancarrota, unas reservas internacionales casi agotadas, una alarmante cifra de 100 nuevos ranchos diarios en Caracas, éxodo masivo a la capital, numerosos desempleados y, en resumen, una situación desastrosa. Sin embargo, ya sea por conveniencia o ignorancia, se ha acusado a la administración predecesora de la coyuntura que vivió Venezuela, por lo que se explicará en esta ocasión que el peso de la responsabilidad cae sobre los hombros de quienes gobernaron la nación desde el 23 de enero de 1958 hasta el 13 de febrero de 1959.
Ingresos y egresos
Las estadísticas presentadas por Manuel Egaña, destacado economista venezolano, determinan con precisión que los errores que llevaron a la nación a una crisis fueron cometidos por la recién llegada Junta de Gobierno. Dos tablas realizadas por él sobre la política fiscal de este periodo son lo suficientemente expresivas para afirmar que esta administración se caracterizó por el dispendio de fondos públicos. A continuación, la primera tabla:
Tabla 1
Política fiscal del gobierno “de facto”
La Junta de Gobierno, aun contando con la suerte de la prodigalidad en los ingresos en sus doce meses de actuación, se excedió angustiosamente en los gastos. El inflado presupuesto previsto inicialmente de 5.818,40 millones de bolívares se sobrepasó, llegando a la alarmante cifra de 6.335,80 millones de bolívares, dando como resultado un bochornoso déficit de 1.579,72 millones de bolívares (Crazut & Soublette, 1990). El gasto promedio mensual de la Junta fue de aproximadamente 527,81 millones de bolívares, llegando en algunos meses como en diciembre a 682,60 millones de bolívares. La única excepción notable a simple vista es el mes de junio, cuya cifra de 361,15 millones de bolívares es inferior a cualquier otra, salvo el mes de enero, debido a que el gobierno retuvo pagos. Cabe mencionar que en este mismo mes se dictaron 67 créditos adicionales, «lo cual indica que el Gobierno quiso prepararse holgadamente para el despilfarro del semestre complementario» (Crazut et al., 1990, p. 459). En efecto, como se observa en los resultados de la tabla 1 (Crazut et al., 1990, p. 456), en los próximos seis meses restantes, la Junta de Gobierno superó su récord de despilfarro con una cifra de 3.297,30 millones de bolívares.
Reservas del tesoro
Faltó poco para que la Junta entregara el Tesoro en la más completa bancarrota, tal como fue la previsión hecha por el Ministro de Hacienda en octubre de 1958 (Crazut et al., 1990, p. 454). Se observa en la primera tabla (Crazut et al., 1990, p. 456) que la Junta de Gobierno recibió de su predecesor aproximadamente 2.338,25 millones de bolívares en las reservas del Tesoro. Pasado un año, estas se disminuyeron a 758,52 millones de bolívares. «Esto quiere decir que el Gobierno consumió los cuantiosísimos ingresos fiscales habidos en los doce meses y, además, 1.579,72 millones de bolívares de las reservas del Tesoro».(Crazut et al., 1990, p. 459)
Se puede afirmar que toda ostentosa política de gastos que excede considerablemente los ingresos conduce inexorablemente a la reducción de las reservas del Tesoro, y las reservas internacionales tampoco quedaron exentas de esta realidad. En la segunda tabla realizada por Manuel Egaña se observa lo siguiente:
Tabla 2
Política fiscal del gobierno “de facto”
Nuevamente la Junta de Gobierno heredó de su predecesor aproximadamente 2.042,26 millones de bolívares en reservas internacionales. Un año después, al finalizar el mes de enero de 1959, las reservas se habían reducido a 887,57 millones de bolívares. La ineficaz administración agotó 1.154,69 millones de bolívares de nuestras reservas internacionales y, además, presentó un déficit de 394,90 millones de dólares en el año de 1958 en el movimiento de divisas.
Plan de emergencia
El Plan de Obras Extraordinarias, conocido también como Plan de Emergencia, anunciado el 13 de marzo de 1958 por Numa Quevedo (Ministro de Relaciones Interiores), se presentó como la solución a un problema que indiscutiblemente había ocasionado la misma Junta de Gobierno cuando, entre sus primeras políticas, se dictó el congelamiento de absolutamente todas las obras públicas iniciadas en la anterior administración, revirtiendo el descenso del desempleo que se observa en el periodo 1955-1957.
Tabla 3
Desempleo
El gobierno de Marcos Pérez Jiménez disminuyó el desempleo de 8,2% en 1955 a 7,4% en 1957, lo que demuestra que la Junta no heredó una situación de paro en ascenso como se ha hecho creer, ni la administración nacionalista falló en esta área. En tan solo un año, el número de desempleados aumentó a 9,6%, resultado de la incapacidad de la Junta para dirigir correctamente el destino de los venezolanos. El Producto Interno Bruto, que presentaba un alto crecimiento de 11,6%, cayó abruptamente a 1,3%. El gasto subió un 43,1%. El incremento del índice de precios en el área metropolitana fue mayor en el periodo 1958-1959 que en los años anteriores. Resulta verdaderamente sorprendente, por lo distante a lo que sucedió en realidad, que estas políticas ejecutadas por el gobierno siguen presentándose como la salvación al deterioro del estado económico de la población, a pesar de sus graves consecuencias para el país.
El Plan de Obras Públicas Extraordinarias no tuvo nada de extraordinario. Carente de planificación, ejecutó en la marcha tareas menores como reparar calles, aceras y pagar pensiones por desempleo, siendo esto último un factor importante para explicar el aumento de la popularidad de Wolfgang Larrazábal en sectores populares de Caracas. Lo que significa que se trató de políticas populistas de subsidio y no la reactivación de la economía. No hay ninguna obra cercanamente comparable con las del predecesor de la Junta de Gobierno. Por el contrario, resaltan más los aspectos negativos que los positivos. El despilfarro llegó al Departamento Ejecutivo de la Junta de Gobierno. Las palabras de Manuel Egaña explicaron este suceso:
Ya se sabe que, en un solo Departamento Ejecutivo, nada menos que el de la misma Junta de Gobierno, había un gran despilfarro, según las declaraciones del Director General de la Secretaría del presidente de la República. En los diarios del 18 de este mes aparece que solo en personal, probablemente subalterno, se gastaban más de 500.000,00 bolívares mensuales; que había 40 choferes y no se sabe cuántos automóviles; que los sueldos de empleados subalternos eran de 3 a 4.000,00 bolívares mensuales, y que en un boletín de prensa diario se gastaban 125.000,00 bolívares mensuales. ¿De dónde salieron estos gastos? He revisado cuidadosamente las diversas partidas que componen el capítulo número 2 (Presidencia de la República) del Presupuesto de Gastos del Ministerio de Relaciones Interiores y no he encontrado ninguna a la cual pueda imputársele los 500.00,00 bolívares mensuales que se pagaban en personal, lo que da en siete meses (julio-enero) 3.500.000 bolívares. Efectivamente, la Tercera Sub-Partida de la Partida 24 (Secretaría Privada del presidente de la Junta de Gobierno) tiene un crédito de solo 325.116 bolívares, la Tercera Sub-Partida (Personal de Secretaría) de la Partida 25 (Dirección de la Secretaría de la Junta de Gobierno) tiene un crédito de 1.203.090,00 bolívares, y la Cuarta (Personal de la Oficina de Relaciones y Servicio) uno de 1.428.120,00 bolívares; la Partida 26 (Gasto de Personal) de Sub-Capítulo (Gastos Variables) tiene un crédito de 528.000,00 bolívares. A ninguna de estas Partidas se les ha dictado crédito adicional. (Crazut et al., 1990, p. 460)
Manuel Egaña nos da a conocer que en el Departamento Ejecutivo se despilfarró grandes cantidades de dinero en aspectos como en pagos de grandes salarios a trabajadores subalternos y en un boletín de prensa que representaba a la nación un gasto mensual de 125.000,00 bolívares. Falta preguntarnos en qué se benefició Venezuela con estos gastos.
Proliferación de los ranchos en Caracas
Durante el gobierno de Pérez Jiménez buena parte de los habitantes de los barrios habían sido reubicados en el 23 de Enero, en Coche y en la urbanización Delgado Chalbaud, quedando solo algunos barrios muy confinados (Tellez, 1998). Tras su derrocamiento, la ciudad, entre 1958 y 1960, empezó a llenarse de ranchos en sitios como colinas o cauces de quebradas (Tellez, 1998) y como lo estimó un informe oficial, en enero de 1959, casi un año después de que se instituyó el Plan de Emergencia, se erigían diariamente 100 nuevos ranchos en Caracas (Ray, 1969). Esto puede explicarse por el pago indiscriminado de bonificaciones y salarios a personas sin trabajo que atrajeron cantidades de personas a Caracas (Tellez, 1998), que al enterarse que en la ciudad capital el Estado garantizaba un salario diario aproximadamente de trece bolívares (Ray, 1969), emigraron con el objetivo de recibir el pago a cambio de trabajar en alguna de las tareas menores. Además, se eliminaron las restricciones a asentamientos de tierras y se extendieron créditos a las agencias gubernamentales para proporcionar materiales de construcción (Ray, 1969). Empero, no se logró solventar el problema del desempleo como se observa en el resultado de la tabla 3. (Aguirre, 2003, pág. 398)
Atraso del medio físico caraqueño
La política de transformación del medio físico del Nuevo Ideal Nacional dio resultados satisfactorios y observables en la eliminación del rancho en la capital, y la llegada de la democracia al país significó el regreso al incremento de los mismos, como tal fue en la primera etapa de la Urbanización Simón Rodriguez, proyecto ejecutado por el gobierno nacionalista, que contó con 4 super-bloques de 15 pisos cada uno (600 apartamentos) ubicados en lo que era el Barrio de Independencia y que fue invadida por ranchos; consecuencia de la eliminación de las restricciones a asentamientos de tierra por parte de la Junta de Gobierno.
La Junta de Gobierno presidida inicialmente por Wolfgang Larrazábal, contrario a lo que se ha hecho creer para justificar sus equivocaciones, no heredó de su predecesor una situación catastrófica de la economía. Las obras públicas del Plan de Emergencias, carentes de planificación, se trataron de tareas menores y sus políticas se pueden catalogar como populistas. Se entregó el 13 de febrero de 1959 un país con un incremento del desempleo al 9,6%, con un tesoro casi en la bancarrota, un movimiento de divisas negativo y unas reservas internacionales igualmente en estado crítico. Las consecuencias materiales de la proliferación sin precedentes de los ranchos auspiciada por la Junta por sus subsidios, las continuamos viviendo hoy día cada vez que divisamos como en el paisaje de nuestra capital habitan venezolanos en condiciones paupérrimas.
Llama especialmente la atención como, a pesar de lo evidentemente perjudiciales que fueron las decisiones tomadas, se ha hecho olvidar estos resultados, pues aceptar que el primer gobierno democrático tras el derrocamiento de Marcos Pérez Jiménez falló en otorgar un buen nivel de vida a los ciudadanos debido a la terrible administración de los fondos públicos, mancharía enormemente la reputación que construyeron ocultando sus desaciertos; por lo que les resultó más conveniente echar la culpa a su predecesor.
Referencias
Aguirre, A. (2003). Economía, instituciones financieras y dinero: Teoría y Política en Venezuela. Caracas: Universidad Católica Andrés Bello.
Crazut, R., & Soublette, F. (1990). Manuel R. Egaña, obras y ensayos. Caracas: Banco Central de Venezuela.
Ray, T. F. (1969). The Politics of the Barrios of Venezuela. Berkeley and Los Ángeles, California: University of California Press.
Tellez, S. G. (1998). El oficio de urbanista según Víctor Fossi. Relatos de práctica urbanística. Municipio Baruta, Estado Miranda: Ediciones de la Universidad Simón Bolívar.
