Para 1857 Venezuela se encontraba sumergida en una gran crisis económica, política y social. El régimen de los Monagas estaba en lo más bajo respecto a apoyo político popular y de las élites, al tiempo que una grave crisis económica golpeaba con fuerza al país. La promulgación de la Constitución de 1857, que permitiría continuar en el poder a los Monagas, desencadenó la Revolución de Marzo de 1858. Tras varios pronunciamientos militares y combates, y al verse privado del mínimo apoyo, José Tadeo Monagas renunció al poder el 15 de marzo, asilándose en la legación francesa.
El nuevo presidente provisional, Julian Castro, temiendo que se agudizara la crisis, y en virtud que ya no contaba con el apoyo de muchos que le ayudaron a derrocar a Monagas, solicitó al Gobierno francés que el derrocado general fuese puesto a la orden del Gobierno venezolano. En virtud de esto, José Tadeo Monagas exigió una serie de medidas y condiciones para salir de la sede de la Legación Francesa, por lo que el entonces Secretario de Relaciones Exteriores de Venezuela, Wenceslao Urrutia, convocó una conferencia con los señores Carlos Eames, Ministro Residente de los Estados Unidos; Ricardo Bingham, Encargado de Negocios del Reino Unido; Leoncio Levraud, Encargado de Negocios del Imperio Francés; Felipe José Pereira Leal, Encargado de Negocios del Imperio del Brasil; José H. García de Quevedo, Encargado de Negocios de España y Parma, y Pedro Van Rees, Comisario Especial de S. M. el Rey de los Países Bajos. Una vez escuchadas las exigencias de Monagas, y llegado un acuerdo con los diplomáticos extranjeros, Wenceslao Urrutia procedió a firmar el Protocolo o documento resultante, en el cual se establecían una serie de condiciones bajo las cuales Monagas, cumpliría con arresto domiciliario y luego sería exiliado al país de su preferencia.
El ex presidente Monagas fue trasladado a una casa particular bajo la custodia de una guardia especial. Sin embargo, tal cual lo establecía el Protocolo Urrutia, no se especificó el tiempo que duraría la detención, aunque sí estaba establecido que sería corta y que luego Monagas recibiría el salvoconducto para exiliarse al país que eligiera, siempre y cuando el Gobierno lo estimara necesario para mantener la estabilidad y la paz del país. Las manifestaciones cesaron, volviendo el clima de calma. Sin embargo los miembros del Partido Conservador, exigían que no se reconociera el protocolo, asimismo exigían que Wenceslao Urrutia fuera retirado delas negociaciones, ya que se había excedido en el uso de sus funciones. También idearon un plan para retrasar lo más que se pudiera el exilio de José Tadeo Monagas.
Fermín Toro y Manuel Felipe de Tovar, fueron los encargados de sustituir a Urrutia en las negociaciones, al revisar el contenido del “Protocolo Urrutia”, en cuya discusión y redacción no habían participado, quedaron indignados por los términos del documento, que representaba una flagrancia en cuanto a la violación de la soberanía de Venezuela, por lo que decidieron renunciar a sus respectivos cargos, para no lidiar ante tal hecho. Urrutia decidió renunciar a su cargo, mientras que las de Fermín Toro y Manuel Felipe de Tovar, fueron rechazadas. Una vez que Urrutia renunció, fue reemplazado por Mauricio Berrisbeitia, quien junto a Fermín Toro empezaron a realizar un gran trabajo diplomático y de persuasión, para convencer a los diputados de la Convención de Valencia de aceptar el Protocolo, para así evitar el bloqueo naval.
En virtud del retraso en el cumplimiento del protocolo, Ricardo Bingham y Leoncio Levraud, solicitaron la llegada a las costas venezolanas, de dos buques de guerra, uno frances y otro británico como método de persuasión. Pocos días después, Bingham y Lévraud enviaron otra amenazadora comunicación, manifestando que esperaban una rápida y amistosa solución al conflicto antes de la llegada a La Guaira de las escuadras de sus países, las cuales atracaron en la ciudad de La Guaira el 5 de mayo. Los comandantes de dichos buques, entablaron comunicación con el gobierno de Venezuela y solicitaron que se cumpliera el protocolo a din fe evitar males mayores.
El día 9 de julio los Encargados de Negocios de Gran Bretaña y Francia suspendieron de forma inesperada las relaciones diplomáticas con Venezuela y exigieron la libertad inmediata de José Tadeo Monagas, Jacinto Gutiérrez y Juan Giuseppi, bajo la amenaza de adoptar medidas más drásticas aún si no se solucionaba el conflicto. Asimismo, los buques de guerra, establecieron un bloqueo económico a Venezuela. A partir de este momento las delegaciones de Brasil, Rstados Unidos, Paises Bajos y España se retiraron de forma activa del conflicto. Por tal motivo, Fermín Toro se comunicó con ellos y les hizo saber que el protocolo no se había irrespetado y que por lo tanto no era necesario agudizar el conflicto. Lo asombroso de esta solicitud es que la liberación de Gutiérrez y Giuseppi no estaba contemplada en el “Protocolo Urrutia”, y por tal motivo no formaba parte de ningún compromiso diplomático.
El 30 de julio Mauricio Berrisbeitia, reemplazante de Urrutia, se dirigió desde Valencia a los Encargados de Negocios de Gran Bretaña y Francia, notificándoles que las rápidas e injustas acciones que habían tomado, entorpecieron la posibilidad de llegar a un acuerdo justo, además de constituir un grave hecho de injerencia e intromisión en los asuntos de Venezuela, violando así su soberanía. En relación a Jacinto Gutiérrez y Juan Giuseppi, informó que ambos acusados debían responder ante la justicia venezolana, alegando además que el Poder Ejecutivo no tenía ningún tipo de competencia por sobre el Poder Judicial, ya que eran poderes autónomos e independientes. A pesar de las amenazas, el gobierno venezolano trató de mantenerse lo más firme posible en cuanto a resguardo de su soberanía e independencia, en contra de las inicuas agresiones imperiales, injustificadas e injustas.
El 30 de julio, el Secretario de Relaciones Exteriores envió una carta a los representantes de España, Estados Unidos, Brasil y los Países Bajos, aclarando que no existía justificación alguna para la intervención anglofrancesa en el asunto, y mucho menos que solicitaran nuevas y absurdas demandas acompañadas de amenazas a las ya injustas peticiones. A pesar de todo, el gobierno venezolano, como un acto de buena voluntad diplomática propuso que el inconveniente fuera sometido a un laudo arbitral, con la participación de potencias neutras.
La respuesta de Bingham y Lévraud no tardó y el 4 de agosto ambos enviaron una nota al Ministro de Relaciones Exteriores manifestando su desacuerdo con la propuesta. Por el contrario, insistieron de forma más radical en las demandas presentadas el 9 de julio, incluso dando al gobierno un plazo de 24 horas para que satisficieran sus reclamaciones. Mientras se desarrollaba el conflicto, el asunto era discutido en sesión por los miembros de la Convención Constituyente de Valencia. Algunos diputados liberales presentaron un proyecto solicitando que se aprobara la salida del país de los hermanos Monagas y que se dictara una amnistía o indulto para los acusados, sin embargo la propuesta fue rechazada por la Convención el 12 de julio. El día 15 de julio se conoció la noticia de que José Gregorio Monagas había muerto en el Castillo de Maracaibo, hecho que agudizó aún más el conflicto. Cabe destacar que la actitud oficial del Reino Unido, era distinta, ya que a través del ministro Lord Palmerston se observó una posición más accesible y conciliadora, a diferencia de la cuestionada conducta de Bingham.
Julián Castro, había solicitado a la Convención de Valencia que le otorgara el poder necesario para solucionar el conflicto, por lo que la convención decidió durante su sesión del 5 de agosto autorizar al Jefe de Estado para que diera la orden de liberar al General Monagas, pero con la condición irrestricta e innegociable, de que primero debían ser retirados de los puertos venezolanos los buques de guerra ingleses y franceses. Ante la gravedad de la situación, Mauricio Berrisbeitia se dirigió a los Encargados de Negocios de Gran Bretaña y Francia, manifestándoles que el acuerdo del 26 de marzo no tenías absolutamente nada que ver con los casos de Jacinto Gutiérrez y Juan Giuseppi, por lo tanto ninguno de los dos serían puestos en libertad, sino en caso de que fueran juzgados y hallados inocentes. Por lo tanto, Jacinto Gutiérrez debía ser juzgado por irregularidades en la administración de su despacho, mientras que Giuseppi sería enjuiciado por el uso indebido y malversación del tesoro público. En cuanto a la salida del país de Monagas, el titular de la cartera de Relaciones Exteriores informó acerca de la decisión adoptada por la Convención para cumplir lo acordado el 26 de marzo, siempre y cuando se hubieran retirado de los puertos los buques de guerra de ambas naciones, ya que tal medida no se haría efectiva bajo la amenaza del uso de la fuerza. La respuesta del funcionario venezolano no fue del agrado de Bingham y Lévraud, quienes el 11 de agosto se trasladaron a La Guaira, donde se encontraban los barcos pertenecientes a las escuadras británica y francesa. En ese momento comenzaron las hostilidades y provocaciones, arrojando como resultado la aprehensión de cuatro goletas y un bergantín venezolanos.
Luego de haberse iniciado el bloqueo extranjero contra Venezuela, una serie de comerciantes británicos, reconocidos en Venezuela se reunieron para manifestarse respecto a la situación. El acto fue presidido por Thomas Nevett y Thomas Mawdsley, manifestando su total rechazo a las medidas hostiles de la parte británica, solicitando entonces a Gran Bretaña que se limitara a negociar con Venezuela en el marco de su cuerpo jurídica.
El conflicto fue solucionado finalmente el 27 de agosto a través de un convenio firmado por Mauricio Berrisbeitia, Carlos Soublette, y Federico Orme, funcionario diplomático asignado al caso por el Reino Unido. En el convenio se estipulaba el cumplimiento del “Protocolo Urrutia” en lo concerniente a José Tadeo Monagas. Mientras que Jacinto Gutiérrez sería recluido, pero trasladado a la sede de la Legación de Francia, hasta que fuera llamado a juicio. En el caso de Juan Giuseppi, este iría juicio, y dependiendo de la sentencia sería liberado. Asimismo las hostilidades terminarían, por lo que, las fuerzas navales serían retiradas de las costas venezolanas inmediatamente y se restablecerían las buenas relaciones entre las tres Naciones.
Fuentes:
- “Revolución de Marzo” en Diccionario de Historia de Venezuela. Caracas, Fundación Polar, 1988.
- Jimenez, Lopez Hadelis, La Armada de Venezuela 1830-1975, Tomo II. Caracas, Tecnocolor, 2001.
- Vargas, Francisco Alejandro. Historia Naval de Venezuela (Tomos IV). Caracas, Comandancia General de la Marina, 1983.
