Recientemente, los tachirenses conmemoramos los 170 años de la creación de la Provincia del Táchira, hito fundacional de nuestra identidad, tachirensidad e independencia regional. Sin embargo, al igual que una moneda, esta efeméride posee un envés que exige análisis crítico y una conclusión plausible, y que por igual se debe conocer: con alta probabilidad, este hecho respondió más a intereses personalistas que a un reconocimiento genuino de la madurez de los pueblos.
En la reconstrucción de los hechos sobre la concesión de autonomías provinciales de 1856, emerge un “lado oscuro” escasamente estudiado: una distorsión política con un fin subyacente. Esta maniobra partía de la fragmentación del territorio nacional por parte del poder central para satisfacer ambiciones particulares. Por ello, se puede interpretar que dicha autonomía no surgió como un reconocimiento político natural a la evolución social y económica de la región, sino como parte de una estratagema del General José Tadeo Monagas para perpetuarse en el poder.
El ascenso y la permanencia de Monagas se basaron en una serie de “reformas en cadena” destinadas a transformar, de forma solapada, la estructura del Estado, anular a la oposición y centralizar el mando. De este modo, antes de reformar la Constitución nacional, Monagas impulsó la modificación de la Ley de División Territorial (28 de abril de 1856), concediendo autonomías y aumentando el número de provincias de 11 a 20. Esta aparente expansión administrativa tenía un fin netamente electoral: al crear nuevas entidades, cesaron los gobernadores anteriores y se abrieron vacantes para nuevos representantes al Congreso.
La táctica permitió asegurar un Congreso Nacional “a su medida”, compuesto por congresistas y funcionarios totalmente afectos al régimen. Al controlar la identidad de quienes legislaban, Monagas garantizó que la posterior reforma constitucional no encontrara obstáculos. Una vez instalado este Poder Legislativo subordinado al Ejecutivo, se aprobó la Constitución de 1857. Esta nueva carta magna sustituyó a la de 1830, la cual, a pesar de tener fuertes matices presidencialistas, prohibía estrictamente la reelección inmediata para preservar la alternabilidad republicana e impedir el personalismo, siguiendo el espíritu fundacional y constitucional de los padres de la nación venezolana en 1811.
La reforma de 1857 otorgó al Congreso la facultad de elegir al Presidente, permitiendo así que Monagas fuera reelegido antes de que terminara su período legal. Asimismo, para neutralizar cualquier resistencia regional, como ocurrió con la sublevación secesionista de la provincia de Mérida en 1848, la nueva Constitución eliminó la influencia de las diputaciones provinciales. La elección de los gobernadores pasó a ser competencia exclusiva del Presidente, centralizando el control político y erosionando la autonomía que el texto de 1830 intentaba preservar.
Como compensación teórica por la pérdida de poder regional, se creó un Poder Municipal Autónomo. No obstante, en la práctica, esto sirvió para disolver las antiguas diputaciones provinciales y sus competencias, fragmentando y debilitando cualquier contrapeso local frente al Ejecutivo. Por física política, este vacío de poder legislativo provincial será ocupado por el ejecutivo nacional.
Se consolidó así una historia de ambición y control personalista que ha proyectado su sombra sobre la evolución política venezolana desde mediados del siglo XIX hasta la actualidad.
