La democracia es el santo predilecto de los feligreses de la demagogia. Para los oportunistas, democracia significa apertura a la corrupción institucionalizada, licencia para el desorden con apariencia de libertad. La nuestra fue imperfecta, al menos en la segunda mitad del siglo XX.

La primera forma de democracia venezolana, surgida en 1936, no era la que soñaban los agitadores, ni tampoco aquella democracia natural y orgánica que debía madurar según las condiciones de nuestro pueblo. Aquellos hombres de juicio, conscientes del peligro, supieron no apresurar configuraciones políticas ni legislativas que hubiesen podido arrojar a Venezuela de nuevo a la barbarie de las montoneras. En la Venezuela de López Contreras y Medina Angarita ya no existían caudillos ni hordas armadas: se estaba gestando, con prudencia y orden, la república moderna.

Ya existían, en cambio, y siguen abundando: los demagogos y las masas. Uno y otro se necesitan: los primeros requieren de las masas para satisfacer su ambición; las segundas, de los primeros, para canalizar sus emociones colectivas. Entre ambos, el discurso es el puente —el arma y el alimento—, y se convierte en el objeto primordial de la política.

“Democracia” es el mantra de los falsos profetas La palabra mágica que concentra todas las virtudes y perfecciones imaginables. Una quimera que todo lo justifica. Pero demócratas verdaderos, en Venezuela, han existido pocos. El Padre de la Democracia, Isaías Medina Angarita —militar tachirense, Presidente Constitucional, ejecutor de un régimen de libertades y derechos para todos los venezolanos— fue derrocado vilmente por quienes ansiaban asaltar el concepto y apropiárselo como botín ideológico. El sólo hecho debería arrojar luces sobre la naturaleza del concepto democrático en nuestro país. 

Pero hay hombres que incorporan en su hacer los valores auténticos de la democracia e intentan llevar sus ideas al plano realizador de las grandes posibilidades. El salón, la biblioteca no será el escenario de estos hombres. En cambio, ellos aspiran al campo político, porque la política, en dichos hombres, es el arte de hacer vida digna para todos los ciudadanos y elevar las condiciones del país por encima de las expectativas. 

Alirio Ugarte Pelayo, joven aprendiz de la política, inicia su carrera ejemplar bajo el régimen de Medina Angarita. Es él el protagonista de esta pieza. No hay, quizá, muerte política en el siglo XX venezolano más envuelta en misterio que la suya: la del hombre que denunció con ardor la putrefacción de la democracia. Muertes como las de Adriani, Delgado Chalbaud, Rangel y Ottolina despiertan también extrañas curiosidades; pero la de Ugarte Pelayo se reviste de un halo aún más sombrío, enrarecido, que parece oscurecer cualquier hipótesis y burlar toda certeza. 

No soy aquí detective ni pretendo jugar a serlo. Su muerte, quizá, merezca ser tratada en otra ocasión. Vengo, más bien, movido por una devoción natural: la de rendir homenaje y recordar a los venezolanos ilustres.

Así pues, me pregunto: ¿qué es la democracia venezolana en el pensamiento de Alirio Ugarte Pelayo? ¿Cómo la concebía? ¿Cómo estaba constituida en su visión política y moral del país? 

En su opus magnum, “Destino Democrático de Venezuela”, don Alirio se dedica a trazar, con rigor conceptual, una idea de democracia entendida como arraigo en la necesidad de la “unidad nacional”. Solo a través de esa unidad —afirma— puede edificarse un “Estado de Derecho” sólido, lo bastante macizo para resistir nuestra arraigada tradición militarista y combatir los despotismos y sectarismos que acechan desde lo más profundo de nuestro gen histórico. 

Es sabido que, dentro del campo democrático, los partidos políticos actúan como instrumentos de acción. Sin embargo, también es cierto que muchos degeneran en organizaciones parasitarias y corruptas, y que, para desgracia del país, llegan a convertirse en deidades intocables. Criticar al partido —aún por razones legítimas o, más aún, necesarias— puede pagarse con la expulsión y el desprecio. Y eso fue, precisamente, lo que ocurrió con Alirio Ugarte Pelayo.

Militó activamente en el partido Unión Democrática Republicana (UDR), cuya naturaleza se presentaba como la de una “fuerza liberal y popular” destinada a defender la dignidad y la libertad del ciudadano. Su ideario coincidía con el de otras agrupaciones democráticas de su tiempo: el rechazo al militarismo como forma de gobierno, a la persecución política y al ejercicio arbitrario de la autoridad.

Fue activo militante del partido Unión Democrática Republicana (URD), cuya naturaleza se presentaba como la de una fuerza liberal y popular destinada a defender la dignidad y la libertad del ciudadano. Compartía, naturalmente, las mismas tendencias que otras agrupaciones de su tiempo: el rechazo al militarismo como forma de gobierno, a la persecución política y al ejercicio arbitrario de la autoridad.

La representación nacional de URD descansaba en la figura de Jóvito Villalba, hombre de larga trayectoria política y, hay que decirlo, célebre por ser el que nunca llegó a la Primera Magistratura, a diferencia de otros líderes partidistas como Caldera o Betancourt. URD se consolidó como el tercer gran partido de la Venezuela democrática. En las elecciones de 1952, al verse desfavorecido, Marcos Pérez Jiménez decidió no reconocer la victoria de Villalba, afianzando el poder militar y dando paso a aquella dictadura organizadora que, con todos sus “excesos y contradicciones”, elevó al país a una condición de sobresaliente desarrollo material.

Más allá de aquel roce con el poder, la URD no lograría mantener un apoyo significativo en las décadas siguientes. Las polémicas internas, las ambiciones cruzadas y las divisiones en su seno terminaron por guillotinar su reputación política y diluir su fuerza inicial.

Alirio Ugarte Pelayo concebía “la vigencia de la unidad” como el principio rector de toda democracia. Esa unidad, sin embargo, vivía siempre amenazada por las fracturas internas entre las llamadas “fuerzas democráticas”, que terminaban por lacerar el cuerpo político de la Patria. Para él, los golpes de Estado no eran sino la consecuencia natural de esa descomposición: traían consigo la improvisación, el populismo y la desorganización; nacían de la prisa, del resentimiento y de la falta de visión nacional.

Emancipar la República y establecerla fue la misión del siglo XIX. En cambio, la tarea del siglo XX consistía en sostenerla mediante su verdadera fundación institucional. Fundar primero la República y luego esperar el florecimiento de las virtudes ciudadanas es un desatino. Yo sostengo, con Simón Rodríguez, la fórmula robinsoniana: primero deben alcanzarse los logros cívicos, y de ese cultivo de prestigio y conciencia moral nacerá, como fruto maduro, la auténtica República.

Alirio Ugarte Pelayo lo resume en su propio postulado, al que llama “el principio y la práctica de la integración de un Gobierno”. Es, sin duda, una fórmula republicana coherente: la idea de que sin la unidad moral y cívica del pueblo, ningún edificio político puede sostenerse por mucho tiempo.

Se nos presenta, pues, la propuesta de un frente de unidad nacional como medio para la consolidación de la democracia. En ese escenario deben convivir —y a la vez nutrirse mutuamente— todos los grupos políticos: derecha e izquierda, civiles y militares, liberales, obreros, católicos y laicos. Este es el ideal del Gobierno de Integración Nacional.

Su propósito no es otro que evitar el error común de constituir un poder hegemónico que despierte el rencor y la exclusión de los demás sectores. No se trata de una maniobra cínica, sino de una toma de principios. Consolidar el Estado democrático es una tarea ardua; y por esa misma dificultad en lograr la unificación nacional, la democracia suele degenerar en oclocracia o, peor aún, en kakistocracia: regímenes de ineptos.

El rango superior de la democracia sólo puede funcionar sobre ese eje de integración y cohesión. En el papel, parece un idealismo democrático; pero si las virtudes cívicas se cultivaran con éxito, tal vez no sería una ilusión política, sino una posibilidad realizable.

Por ello, según la consideración de Alirio Ugarte Pelayo, la labor de desprecio hacia un partido político o la derrota vergonzosa —es decir, no salir fortalecido del combate electoral— constituye una falta grave por una razón esencial: engendra rencor.

La democracia, para Alirio, se fundamenta con la “convivencia en la pluralidad” de ideas que otorgan vitalidad a las propuestas y soluciones nacionales. Su pensamiento rechaza el ataque entre partidos, porque tal agresión no se dirige únicamente contra un aliado político —pues en democracia el adversario “no es enemigo”—, sino contra el propio régimen de integración democrática que sostiene el equilibrio del Estado.

Para garantizar la estabilidad del Estado, Alirio Ugarte Pelayo reclama una reforma constitucional que destierre de raíz el centralismo ejecutivista. La Constitución —decía— debe ser el punto de partida desde donde se orienten las fuerzas sociales hacia la verdadera realización de los principios democráticos. 

Propone, en consecuencia, un retorno prudente al régimen federal y la elección popular de los gobernadores de Estado por períodos fijos, como vía indispensable para desmontar el armazón del presidencialismo absorbente que ha sofocado las autonomías regionales y, con ellas, el equilibrio de la República. 

El militarismo, pensaba Ugarte Pelayo, no podía seguir erigiéndose en institución árbitro del país. Sin embargo, también comprendía que, si queríamos que las Fuerzas Armadas sirvieran verdaderamente a la nación, era indispensable hacer bien las cosas en democracia: hacer que funcione. Advertía que el estamento castrense posee un papel institucional específico y que no debe inmiscuirse por conveniencia de uno u otro gobierno.

El carácter del mandatario, fuese militar o civil, quedaba en segundo plano. Lo esencial —afirmaba— era la presencia de un estadista, capaz de cumplir la misión trascendental de reunir los elementos más valiosos de la representación política nacional.

La estabilidad republicana, en tal sentido, se sostiene sobre el precepto de la alternabilidad, no entendida como el simple juego de turnarse el poder, sino como una sucesión casi litúrgica, donde servir al país debe asumirse como un ritual sagrado y no como un botín de partido.

Subraya que la única válvula de seguridad contra la violencia reside en la convicción —teórica y práctica— de que solo un sistema leal de elecciones puede garantizar “la rotación en el poder”. Defiende, con ahínco, la absoluta libertad del sufragante, afirmando que ninguna elección debe ser objetada por la ideología de un candidato ni por su adscripción partidista.

Y en cuanto a los resultados electorales, sostiene con ironía y lucidez que “la peor cuenta será siempre mejor que una paliza”, y condena todo intento de negar la existencia o la fuerza de un partido tras los comicios. Tal negación —advierte— constituye un acto de mala fe que abre las puertas a los peores sentimientos y actitudes, debilitando la confianza en la “convivencia democrática”.

Si bien las imperfecciones de nuestra democracia nos costaron la vida política a finales del siglo pasado, siempre será necesario soplar el polvo de la historia y reencontrarnos con las luces de las ideas de aquellos hombres de verdadero talante democrático. Porque, sí: fueron nuestros gobiernos tachirenses los que hicieron la Venezuela moderna. Dos de ellos bajo dictaduras: la primera, de carácter pacificador y organizador; la segunda, de espíritu desarrollista y potenciador. Los otros dos cimentaron la institucionalidad y la libertad democrática, aunque no bajo el idealismo sobrenatural que los demagogos reclamaban, y contra el cual agitaron, con furia, sus banderas.

La “democracia efectiva”, entendida como régimen de cohesión e integración nacional, encuentra su voz en hombres como Alirio Ugarte Pelayo, que buscan despertar la conciencia del venezolano y recordarle que, en efecto, aún existe un “destino democrático”, auténtico y funcional, si se le sabe honrar con virtud y responsabilidad.