Guayaquil desde 1739 formaba parte de la Presidencia de Quito, la cual a su vez dependía del Virreinato de Santafé (Nueva Granada). La Real Cédula expedida por Felipe V el 20 de agosto de ese año, sobre la Erección del Segundo Virreinato de Santafé, lo expresa en los siguientes términos: «Lo que visto y entendido con otros informes que he tenido acerca del asunto: y lo que sobre todo me ha consultado mi Consejo de las Indias, lo he tenido por bien y he resuelto, erigir de nuevo el mencionado Virreinato de ese Nuevo Reino de Granada, siendo el Virrey que yo nombrare para él juntamente Presidente de esa mi Real Audiencia y Gobernador y Capitán General de la jurisdicción de ese Nuevo Reino y Provincias que he resuelto agregar a ese Virreinato, que son las del Chocó, Popayán, Reino de Quito y Guayaquil (…) con las mismas facultades, prerrogativas e igual conformidad que lo son y las ejercen en sus respectivos distritos los Virreyes de Perú y Nueva España (…) que subsistan las Audiencias de Quito y Panamá como están; pero con las misma subordinación y dependencia del Virrey, que tenían las demás subordinadas en los Virreinatos del Perú y Nueva España en orden a sus respectivos Virreyes…».
Sin embargo, Guayaquil había estado, transitoriamente, bajo la jurisdicción del Virreinato del Perú en dos ocasiones: en 1803, por la guerra de España y Francia contra Inglaterra, durante la cual el Rey Carlos IV dispuso el 7 de julio, por indicación de la Junta de Fortificaciones de América, encomendar su defensa al Virrey de Lima, en lugar del de Santafé por la facilidad del primero en enviar socorros de tropas, dinero y armas a dicha plaza; y en 1810, con motivo de la revolución de Quito en 1809 y la de Santafé en 1810, el Virrey de Lima José Fernando de Abascal, Marqués de la Concordia, asumió de nuevo la gobernación total de la Provincia. Pero terminada la crisis revolucionaria, la ciudad de Guayaquil suplicó al Rey, por medio de su Ayuntamiento que «mandara agregar la provincia a la presidencia de Quito, como estaba antes», porque «su vecindario y el de su vasta provincia sufría el yugo más pesado por estar agregada al Virreinato del Perú en todos los ramos desde el año 1810», a lo cual accedió S. M. y dejó establecido que tocaba a la Presidencia de Quito entender en los asuntos civiles, criminales y de Real Hacienda, permaneciendo el Gobierno de Guayaquil sujeto sólo en lo militar al Virrey de Lima.
Una Real Cédula correspondiente al 23 de junio de 1819 fue transmitida a Guayaquil y publicada en la ciudad el 6 de abril de 1820. El contexto y el sentido de la representación del Ayuntamiento dejan ver claramente que la ciudad quería pertenecer a la Presidencia de Quito y no al Virreinato del Perú. En dicha Real Cédula, Fernando VII reconoce que la ciudad de Guayaquil «ha expuesto que su vecindario y el de su vasta Provincia sufre el yugo más pesado»; que «desde cuyo tiempo viven sin consuelo todos aquellos beneméritos habitantes, pues hay muy pocos que pueden entablar sus recursos a esa Audiencia (la de Quito) y a ese Superior Gobierno por oprimidos que se vean», concluyó el Ayuntamiento suplicando al Rey que se dignase a «mandar agregar aquella Provincia a la Presidencia de Quito como estaba antes»; y que «en cuya consecuencia —agrega Fernando VII— he venido en declarar que estando ya restablecido el Virreinato de Santa Fé, y en ejercicio de sus funciones el Presidente y Audiencia de Quito, a ésta toca atender en todas las causas así civiles y criminales del Gobierno de Guayaquil como en los asuntos de mi Real Hacienda, permaneciendo el mismo Gobierno sujeto en lo militar a ese Virreinato». Quedaba así, reconocida y confirmada por el monarca, la voluntad de la ciudad de pertenecer a la Presidencia de Quito; y es que un puerto con una plaza comercial tan importante, por su seguridad y amplitud, y tenencia de un astillero y arsenal protegidos con fortificaciones, servía de abrigo y carenero a la escuadra española del Pacífico. Estas ventajas le otorgaban a la Provincia gran valor militar y, si se considera además la extensión de su territorio y riqueza agrícola, no es de extrañar el interés mostrado por el Perú en su posesión; pero su destino iba a ser otro: siendo Guayaquil declarada como parte de la Presidencia de Quito, le pertenecería por derecho a la naciente República de Colombia, y su defensa requería de la justicia y el patriotismo.
Nuevos acontecimientos sacudieron la opinión pública en la controvertida ciudad. Realizada la revolución del 9 de octubre de 1820, la recién constituida Junta de Gobierno promulgó el 11 de noviembre una carta política o Ley Fundamental del Estado, y en su artículo 2º expresa: «La Provincia de Guayaquil se declara en entera libertad para unirse a la grande asociación que le convenga de las que se han de formar en la América del Sur». Era que Guayaquil se encontraba aislada porque el norte de la Presidencia de Quito y todo el sur de Nueva Granada permanecían en control de los realistas; y no es de extrañarse que entre sus dirigentes se formaran tres partidos: uno que abogaba por la incorporación al Perú, de donde habían llegado, poco después del pronunciamiento de octubre, unos comisionados del general José de San Martín para ponerla bajo la protección de éste; otro que prefería que se conservara independiente; y un tercero que insistía en la reincorporación a Colombia. El documento de la Junta de Gobierno fue promulgado tan solo un mes después de la revolución, el Perú aún no se había constituido y San Martín ocupaba algunas secciones del país. El movimiento de Guayaquil favorecía su empresa y despertaba ambiciones en los peruanos, por lo que al recibir aviso de la revolución, no dudó en enviar a su ayudante y principal agente Tomás Guido, y al mayor Toribio Luzuriaga a propender la incorporación de Guayaquil al Perú, todavía naciente.
El neogranadino José Manuel Restrepo, quien sería el padre de la historia colombiana, narra que San Martín halagaba al partido peruano y que Guido había sido enviado «con el objeto de negociar la incorporación de Guayaquil al Perú, lisonjeando a su gobierno con la esperanza de abundantes auxilios», pero resulta que «la junta evadió las repetidas instancias del comisionado, diciendo que no tenía facultades para dar un paso de semejante trascendencia, y que lo difería para cuando el Perú y Colombia hubieran triunfado de los Españoles; en cuya época elegiría el partido que mas conviniera á la provincia». Esto lo confirma el historiador ecuatoriano Camilo Destruge al afirmar que el principal agente de San Martín, «lejos de concretarse a hacer las gestiones que su carácter diplomático le permitía ante la Junta, se extralimitó de manera inconsiderada; hizo activos trabajos de propaganda partidista, manejó la intriga con tanta actividad como falta de discreción; introdujo rivalidades, provocó escándalos y aun conflictos muy serios… Y es claro que, habiendo también partidarios de la incorporación a Colombia, tenía que producirse la lucha partidista, con todos los entusiasmos y aun todos los excesos y escándalos propios de tales discusiones llevadas al terreno de los hechos».
Las gestiones de los dos agentes de San Martín no lograron su cometido, obteniendo resultados desfavorables para sus propósitos. Guido celebró con el Gobierno un convenio el 30 de diciembre, sobre las bases dictadas por su superior, por el cual mientras durara la guerra, la Provincia se declaraba bajo la protección del general argentino y lo reconocía como jefe de las fuerzas de mar y tierra; pero conservando Guayaquil su gobierno independiente, la constitución provisional sancionada y la libertad de agregarse cuando le conviniera al Estado de Colombia o al del Perú, por imposición de la Junta en la última cláusula, Guido se negó a firmar el convenio, y sin embargo se consideró válido por algún tiempo. Se devolvió al Perú el 5 de enero de 1821, y Luzuriaga, enviado como experto militar, se fue poco después a consecuencia del fracaso de sus gestiones. Cabe mencionar que dicho convenio molestó al partido colombiano, porque se había desconocido el vínculo histórico y jurídico que unía a Guayaquil con Nueva Granada y Venezuela, ahora conformadas en la República de Colombia; pero como a ello había contribuido en gran parte un revés sufrido por el venezolano Luis Urdaneta en sus operaciones militares contra los realistas, otros azares de la guerra, como la derrota de las fuerzas argentinas, la fuga de Guido, que dejó a la ciudad desamparada, y más tarde la llegada de Antonio José de Sucre con las fuerzas colombianas enviadas por vía marítima, se pudo reestablecer la influencia de Colombia.
Sucre, además, procediendo con el tacto y la caballerosidad que le daban tanto prestigio, logró establecer afectuosas relaciones con el prestigioso poeta José Joaquín de Olmedo, quien era el presidente de la Junta de Gobierno, se abstuvo de presionar a la Junta autoritariamente y se dedicó a robustecer las fuerzas locales, ya con el sólido apoyo del contingente colombiano, premio de estos esfuerzos fue un nuevo convenio con que la Junta sustituyó al celebrado con Guido, y mediante el cual, regresaba la Provincia a la protección de Colombia y se autorizaba al Libertador para representarla en todas las negociaciones y tratados de alianza, paz y comercio que celebrara con naciones amigas, enemigas o neutrales. Como mencionamos antes, al Perú le interesaba la posesión de Guayaquil porque ella le completaba con un espléndido puerto su litoral marítimo septentrional; y la rica región agrícola del interior le hubiera procurado los productos que carece la región fronteriza peruana, entre otros las maderas de construcción que podían aprovecharse para la formación de una flota. Era natural, hasta cierto punto, que en Lima se esforzaran en creer bien fundados sus derechos sobre Guayaquil; y así se explica que muchos peruanos comenzaran a manifestar un profundo resentimiento hacia Simón Bolívar y después hacia Sucre, quienes se vieron obligados a defender la integridad de Colombia. Existía, además, otra influencia que estimulaba las aspiraciones peruanas: un oficial llamado José de la Mar. Nativo de la Provincia de Cuenca, vecina a la de Guayaquil, con parientes en dicha ciudad y en Lima, e íntimamente unido a San Martín, había servido con los realistas hasta 1821, año en que, con el cargo de Comandante de la Plaza del Callao, la entregó a los republicanos. Venía destinado a tomar el mando de la Provincia y de sus tropas, creyendo realizar la incorporación al Perú, actitud en que desdichadamente debía insistir hasta 1829.
Pero sucede que hay un hecho que resulta irrebatible: Guayaquil nunca, durante su vida política posterior, se mostró inclinada a la incorporación al Perú, a pesar de las innumerables contiendas civiles que hubieran podido alejarla de Quito; y esto nos demuestra que aquellas vacilaciones de 1821 no fueron sino por la angustiosa situación de aislamiento en que se encontraba. San Martín, quien había sido declarado Protector del Perú, perdió la ecuanimidad, que era una de las demostraciones más frecuentes de su carácter. Empezó a fijar como principio el derecho de Guayaquil a decidir sobre su propio destino, lo cual puede ser muy sabio y justo cuando se trata de nacionalidades con espíritu propio, pero que admitido para cada ciudad y provincia de un continente originaría un verdadero caos. Señala el historiador venezolano Augusto Mijares que: «En América, sobre todo, las disensiones civiles hubieran provocado, bajo esa norma, una inestabilidad tan grande en las fronteras como las que hubo en el interior de cada país. Y las intrigas y conflictos internacionales se hubieran hecho interminables».
Colombia no podía aceptar, bajo ninguna circunstancia, aquel sofisma propio de un doctrinario que, cegado por las «máximas filantrópicas», estaba desconectado de la realidad social imperante, y Bolívar declaró categóricamente a la Junta de Gobierno de Guayaquil: «Yo me lisonjeo, Excmo. señor, con que la República de Colombia habrá sido proclamada en esa capital, antes de mi entrada en ella. V. E. debe saber que Guayaquil es complemento del territorio de Colombia; que una Provincia no tiene derecho a separarse de una asociación a que pertenece, y que sería faltar a las leyes de la naturaleza, y de la política, permitir que un pueblo intermedio viniese a ser un campo de batalla entre dos fuertes Estados; y yo creo que Colombia no permitirá jamás que ningún poder de América enzete su territorio». Y en el mismo sentido le reiteraba al Protector: «Yo no pienso como V. E. que el voto de una provincia debe ser consultado para constituir la soberanía nacional, porque no son las partes sino el todo del pueblo el que delibera en las Asambleas generales reunidas libre y legalmente. La Constitución de Colombia da a la Provincia de Guayaquil una representación la más perfecta, y todos los pueblos de Colombia, inclusive la cuna de la libertad: que es Caracas, se han creído suficientemente honrados con ejercer ampliamente el sagrado derecho de deliberación».
Por otra parte, siempre fue sincera la tesis venezolana de respetar el uti possidetis como principio jurídico fundamental para consagrar, como fronteras de las nacientes repúblicas, aquellas heredadas de la Madre Patria. Tan sincera era que en 1830, habiéndose pronunciado la Provincia neogranadina de Casanare por su incorporación a Venezuela, el Congreso venezolano rechazó aquella adquisición territorial declarando que violar aquel principio sería un ejemplo funesto para la América y origen de interminables conflictos en el porvenir. Pero resulta que San Martín tampoco respetó el principio que pregonaba, ya que en numerosas ocasiones trató de ejercer presión para forzar la voluntad de Guayaquil. Cuando iba a comenzar la campaña sobre Quito que ya hemos narrado, pidió a la Junta de Gobierno de la ciudad que se nombrara a La Mar en sustitución de Sucre, a lo cual contestó Olmedo: «El nombramiento de La Mar para el mando de la división quizá podrá causar un efecto contrario del que nos proponemos todos… Si La Mar va a la división será mal admitido y no es difícil que se le tiendan redes. Sucre, que muchas veces le ha ofrecido cordial o extracordialmente el mando, ahora lo tomaría a desaire, y no sabemos de lo que es capaz un resentimiento colombiano. Los jefes y oficiales suyos, piensan, hablan y obran lo mismo; no toda la división que marchó de Piura (la de Santa Cruz) es de confianza, pues es regular que Urdaneta tenga a su devoción la parte que manda, y la haga obrar según su interés, que no es ni identificado con el del Perú. Estas reflexiones y las que de ellas nacen, nos ha hecho acordar que se suspenda el cumplimiento de la resolución de Ud. hasta que, impuesto de todo esto, y los nuevos riesgos que nos amenazan (como puede Ud. tenerlo por la comunicación que le dirigimos por extraordinario), tome una medida grande, eficaz y poderosa. La entrevista de Ud. es indispensable. Aquí hay un agente de Bolívar cerca del gobierno del Perú».
Lógicamente, la victoria de Bolívar en Bomboná, la de Sucre en Pichincha, la reunión de estos dos jefes y la llegada del Libertador a Guayaquil antes que el Protector, echaron abajo los planes de éste último. El 13 de julio de 1822, y a consecuencia de varias demostraciones populares en Guayaquil a favor de Colombia, Bolívar expidió un bando en que ponía bajo la protección de ésta la ciudad y su provincia, cerrando con las siguientes palabras: «¡Guayaquileños! Vosotros sois colombianos de corazón porque todos vuestros votos y vuestros clamores han sido por Colombia, y porque de tiempo inmemorial habéis pertenecido al territorio que hoy tiene la dicha de llevar el nombre del padre del Nuevo Mundo, mas yo quiero consultaros para que no se diga que hay un colombiano que no ame sus sabias leyes»; y el 3l del mismo mes Guayaquil se declaró solemnemente por su incorporación a Colombia. El propio Olmedo llegó a ser al poco tiempo tan adicto al Libertador, que su Canto a la Victoria de Junín ha quedado como el homenaje más fervoroso entre los que por aquellos días se tributaron a la gloria de Bolívar y de las armas colombianas.
«¿Qué le parece a usted cómo nos ha ganado de mano el Libertador Simón Bolívar?», le comentaba después el general San Martín a su edecán Rufino Guido. Y el general Bartolomé Mitre, a pesar de sus grandísimos esfuerzos por tergiversar toda la historia de América en favor de San Martín y en detrimento de Bolívar, llega a estas conclusiones: «La actitud de Bolívar en la cuestión de Guayaquil era más resuelta y respondía a un plan político y militar más deliberado, teniendo de su parte la fuerza y el derecho aun cuando no le acompañase la mayoría del pueblo que pretendía anexar a Colombia a toda costa… En el choque de estas dos políticas debía triunfar la que estuviese animada de mayor impulsión inicial, y estando además la razón y la fuerza de parte de Bolívar, no era dudoso cuál sería el resultado». Concluía así uno de los episodios más polémicos en la historia fronteriza de la región, en el cual no debe observarse un supuesto designio autoritario al forzar la unión de Guayaquil a Colombia (la Grande), sino la cualidad moral del Libertador, su semblanza, por haber respetado siempre y en todo momento los vínculos históricos, jurídicos y naturales que debían inclinar, necesariamente, a los habitantes de Guayaquil hacia la unión colombiana.
Bibliografía
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Restrepo, José Manuel: Historia de la revolución de la República de Colombia. Besanzón, 1858, tomo III.
Vacas Galindo, Enrique: Integridad territorial de la República del Ecuador. Quito, 1905.
