El gobierno de Raúl Leoni no suscita debates calurosos como es el caso de Rómulo Betancourt, quien es un personaje controversial de nuestra historia. Se le menciona con menor frecuencia que su compañero de partido y, cuando se hace, es recordado con cariño junto a su esposa. Sin embargo, detrás de esta buena imagen se esconde denuncias millonarias por corrupción donde algunos miembros de su gobierno y su partido continuaron beneficiándose a costa de la nación. Incluso la misma familia presidencial no se escapa a esta realidad.
Nos situamos en la segunda presidencia consecutiva del partido Acción Democrática desde el inicio de la democracia. La corrupción, cada vez más común, comenzaba a causar estragos y preocupación en la opinión pública y organismos del Estado. Se afirmaba con frecuencia que el gobierno de Raúl Leoni era indolente y negligente para combatirla.
En un ritmo lento de resolución y con un panorama desesperanzador, los siguientes casos de corrupción —publicados por Ruth Capriles en su libro titulado Diccionario de la corrupción en Venezuela 1959-1979— revelan el desarrollo de la corrupción e irregularidades durante este periodo.
El presidente de la CIEI
En 1967, el Dr. Gilberto Morillo, Presidente de la Comisión Investigadora contra el Enriquecimiento Ilícito (CIEI), convocó a una rueda de prensa para expresar su angustia debido al incremento de los delitos contra la cosa pública. Aprovechó la ocasión para entregar una lista de 8 cuartillas de funcionarios investigados. En ella figuraban 121 personas de las cuales 34 correspondían al Ministerio de Comunicaciones, siendo este donde se presentaba mayor porcentaje de delincuencia administrativa.
Esto no fue novedad dentro del Ministerio porque en 1963, durante el gobierno de Betancourt, la Contraloría General de la República intervino y concluyó mediante investigación que las partidas destinadas para personal supernumerario y adquisición de bienes nacionales estaban siendo empleadas por altos funcionarios del Ministerio en beneficio propio.
Caja de ahorro del Ministerio de Obras Públicas
En el ejercicio de 1964, se produjo un beneficio de Bs. 427 426,12 en la caja de ahorro de los empleados de este Ministerio. Sin embargo, la Junta Directiva ordenó un reparto de Bs. 830 933,14 entre los socios. Esta injustificable medida produjo un bochornoso déficit de Bs. 403 507, trasgrediendo los estatutos vigentes por repartir utilidades que no existían.
No fue la única irregularidad que sufrió la caja de ahorro de los empleados del Ministerio. La desorganización administrativa y el desconocimiento de la historia de las operaciones constituían una situación propicia para la corrupción. Otras irregularidades en los saldos de cuentas provocaron un déficit de Bs. 266 364 en depósitos y de Bs. 175 000 en préstamos, además de Bs. 99 306 en inventario de mobiliario y equipos de oficina inexistentes.
Se comprobó la responsabilidad del expresidente de la caja de ahorro, Juan Bautista Ferrer, en el abuso continuo en su función, encubrimiento y en otras irregularidades. Tiempo después fue hallado muerto en extrañas circunstancias. Su muerte se catalogó como suicidio por «causas desconocidas». Aunque la total responsabilidad no debió caer sobre el expresidente pues había múltiples involucrados, no se divulgó ningún otro nombre. La investigación del caso se descontinuó.
El desfalco a la caja de ahorro del Ministerio de Obras Públicas denunciado por José Soto Roja, nuevo presidente del cargo desde 1965, fue de Bs. 1 898 688 en materia de ahorros mal empleados del Ministerio.
La hacienda de Raúl Leoni
Raúl Leoni y su querida esposa poseían una hacienda en el Estado Bolívar llamada «Puedpa», algo aislada y nada lujosa. Antes de ser Presidente de la República, estaba comunicada con la localidad de El Manteco por un modesto camino de tierra. Durante la presidencia de Leoni, el Ministerio de Obras Públicas, el de Comunicaciones y el de la Defensa iniciaron el acondicionamiento de un aeropuerto en la población contigua y la construcción de una amplia carretera asfaltada que conectaría el aeropuerto a la propiedad, sustituyendo el antiguo camino. Con dinero del Estado también construyeron viviendas y un cuartel, transformándola en una hacienda costosa.
Todos los gastos fueron costeados por los despachos oficiales que intervinieron, estimándose un monto de 40 millones de bolívares. Por desgracia, la pronta muerte de Leoni en 1972 impidió toda investigación judicial por concusión o peculado que comprobara la culpabilidad o inocencia del expresidente.
Sobornos y abusos de autoridad en el DIEX
En la sede principal de la Dirección Nacional de Identificación y Extranjería (DIEX) se cobraban grandes sumas de dinero para remitir visas. Este negocio ilegal contaba con las siguientes tarifas:
- Bs. 20 000 para ciudadanos chinos.
- De Bs. 8 000 a Bs. 9 000 para ciudadanos árabes.
- Bs. 7 000 para ciudadanos portugueses.
Se les negaba la visa a todo ciudadano que no pagara estas sumas de dinero, sin importar si llenaba todos los requisitos exigidos para el trámite.
Además de cobros indebidos, la DIEX falsificaba cédulas de identidad que se fabricaban en la sede principal ubicada en la Avenida Baralt, las cuales se expedían como documentos originales pues se elaboraban con las mismas máquinas.
De todos los innumerables delitos cometidos durante los años del gobierno adeco por altos y bajos funcionarios de la DIEX, el más grave fue la limpieza de antecedentes penales. Este consistía en permitir la entrada o salida del país a cambio de un pago que variaba de acuerdo a los antecedentes del interesado.
Tras la victoria de Rafael Caldera por el partido COPEI en 1968, el Dr. Luis Betancourt asumió la dirección y despidió a parte importante del personal, suscitando descontento. Algunos afirmaron que los copeyanos solo querían limpiar el organismo de adecos. A pesar de esto, el nuevo director aclaró que los participantes de estos negocios ilegales no recuperarían su trabajo.
Estas falsificaciones, abusos y sobornos denunciados en 1970 por el nuevo director de la DIEX y Juan Valdés, periodista de la revista Elite, cuentan con una magnitud de dinero imprecisa.
Hotel Tamanaco
El Hotel Tamanaco, inaugurado por Marcos Pérez Jiménez en 1953, fue una de las importantes obras erigidas durante la década de los 50 en Caracas. Formando parte del Plan Nacional de Hotelería, el Ministerio de Fomento contribuyó a su construcción con Bs. 17 735 000 y el sector privado con Bs. 12 896 284,95. Su costo total fue de Bs. 30 631 382,95.
Durante el gobierno de Leoni, el valor real estimado de esta propiedad del Estado era de Bs. 90 000 000, sin incluir muebles y demás enseres. Sin embargo, de forma arbitraria, el Hotel Tamanaco C.A. fue vendido en 1968 a Intercontinental Hotels Corporation por un valor neto de 25 millones de bolívares; es decir, se vendió al 27,7 % de su valor real estimado para la fecha de su venta. Es importante señalar que Hotel Tamanaco C.A sí generaba ganancias al Estado venezolano.
Casi un año antes de su venta, el Dr. Francisco Mendoza, presidente de la Corporación Venezolana de Fomento y futuro Ministro de Hacienda de Raúl Leoni, había anunciado las primeras acciones de venta de la propiedad. Antes de concretarse la compra, la CVF había decidido no vender el inmueble, pero dos semanas más tarde el Consejo de Ministros decidió hacer la transacción a través del Ministerio de Fomento y no de la CVF como hubiera sido lo correcto.
En consecuencia, en 1969, el Contralor General de la República, Dr. Manuel Vicente Ledezma, pasó el expediente del caso a la Comisión Investigadora contra el Enriquecimiento Ilícito (CIEI). Por su parte, el gobierno nacional designó una comisión especial. Este grupo de trabajo recomendó que no se debían readquirir las acciones del Tamanaco y el Gabinete lo aprobó, pues consideraban que «se debía dar prioridad a otros problemas nacionales».
En 1971, la CIEI aprobó un informe que recomendaba archivar el expediente por considerar que la negociación había sido normal. Solo eldirector del CIEI y Juan Bautista Méndez, representante de Cruzada Cívico Nacionalista, se opusieron.
IPASME
El Instituto de Previsión y Asistencia Social fue creado en noviembre de 1949 por la Junta Militar de Gobierno en respuesta a la demanda de los educadores, logrando abarcar a 17 000 afiliados en su primer año de existencia. Inicialmente solo funcionaba en Caracas debido a motivos de orden técnico y presupuestario que impedían extenderlo por todo el país. Solo durante vacaciones atendían a profesores del interior.
La lamentable historia cargada de corrupción del IPASME inicia antes de la Presidencia de Rómulo Betancourt y Raúl Leoni. Sin embargo, una vez en el poder, Acción Democrática originó en el instituto la nueva y mala costumbre de utilizar los fondos de los maestros para otros fines ajenos a los propósitos del instituto.
El director Gustavo Rasquín (1962-1965) inició un sistema corrupto de préstamosa «compañeros» de partido que jamás fueron cobrados y ascendían a Bs. 500 000. Al abandonar el cargo, Rasquín se hizo liquidar prestaciones sociales que incluyeron pre-aviso, cesantía, antigüedad y vacaciones vencidas; sumando Bs. 19 400. También se prestó a sí mismo Bs. 27 361 que no fue cancelado.
El siguiente director del Insituto, Adonay Parra Jiménez (1965-1967), fue removido del cargo tras varias solicitudes al Ministerio de Educación. Según él, «no sabía dónde lo habían sentado».
El profesor Amable Pérez Simancas lo sucedió (1967-1968). Este nuevo director alquiló un equipo electrónico IBM por un monto de Bs. 59 000 con el objetivo de mecanizar la contabilidad. Pero, como la computadora no contaba con el programa correspondiente y el personal del instituto no estaba especializado, el equipo jamás fue utilizado. De esta forma, el IPASME gastó Bs. 1 600 000 durante este periodo en el alquiler de un equipo inservible.
El siguiente director, Pedro César Paiva (1968-1969), aparentemente pretendió impulsar la construcción de una sede para el instituto en terrenos del mismo IPASME con una operación de Bs. 2.000.000. La nueva administración copeyana anuló dicha operación. Al señor Pedro también se le atribuyó el inmenso aumento de la nómina en un 40%, mientras que en el instituto todavía faltaban técnicos y obreros especializados.
Durante los años de gobierno de Acción Democrática también se denunciaron las siguientes irregularidades en el IPASME:
- El instituto concertó un monto desconocido para la construcción de 42 viviendas convenidas con la National Building & Land de Venezuela (NABLO), empresa ubicada en la jurisdicción del municipio Maracaibo del Estado Zulia. Dicha operación no se respaldó con ninguna documentación
- El 10 de diciembre de 1962, el IPASME confirió un préstamo de Bs. 200 000 a la Universidad de Los Andes. El siguiente préstamo a la misma casa de estudios fue por una cantidad mayor: Bs. 600 000. Este último préstamo aparecía debidamente cancelado, pero el primero aparecía como pendiente y la ULA se negó a reconocerlo alegando no haberlo pedido ni recibido.
La denuncia por malversación de fondos públicos y negligencia administrativa presentada por Manuel Montero, siguiente director del instituto desde 1969 hasta 1974, asciende a Bs. 80 000 000 en materia de fondos de maestros, préstamos y prestaciones irregulares.
Los tractores del Instituto Agrario Nacional
En 1966, en su noveno mes de existencia, el diario Crítica de Maracaibo denunció en su “Columna de Ulises” que el presidente de la Asamblea Legislativa del Estado Zulia, Siuberto Martínez, se había llevado tractores del Instituto Agrario Nacional a su finca para uso personal.
Durante la Junta Revolucionaria de Gobierno presidida por Rómulo Betancourt, el señor Martínez formó parte de un grupo de adecos (entre los que se encontraban Luis Hurtado Higuera) que fundaron más de 40 sindicatos en el Estado Zulia, por lo que era un antiguo miembro de Acción Democrática. Después sería electo como diputado al Congreso Nacional por el Movimiento Electoral del Pueblo tres veces consecutivas (1969-1974; 1974-1979 y 1979-1984).
El director del recién fundado diario, Carlos Capriles Ayala, fue requerido por el juez Nectario Andrade Labarca y el abogado Quintero Luzardo, conocidos en la época en el Estado Zulia por ser utilizados por Acción Democrática para sus designios. Capriles se negó a revelar quién fue el autor del artículo en la columna. Fue encarcelado junto a Oswaldo Sotillo, secretario de redacción, por la DIGEPOL, y no por la PTJ porque se negaron a esta arbitrariedad. Estuvo detenido sin un proceso legal hasta que fue liberado 4 meses después.
Este hecho, junto a todas las corruptelas y arbitrariedades denunciadas por el mismo diario, logró que Acción Democrática perdiera por primera vez su hegemonía en el Estado Zulia.
Las autoridades no realizaron una investigación oficial, de manera que se desconoce la magnitud del tráfico de influencias y el aprovechamiento indebido de bienes de la nación en este escándalo de corrupción.
SIDOR: el designado corrupto por el presidente
Esta historia inicia en noviembre de 1967 con la licitación para la construcción de una planta de laminados de acero y otra de hojalata, lo que tendría un costo aproximado de Bs. 700 000 000. Al llamado concurrieron 10 empresas de importante calificación internacional.
El Ejecutivo Nacional designó una comisión encargada de calificar los participantes de la licitación mientras que el director de SIDOR, Héctor Alcalá Vázquez, se encontraba en Europa. A su regreso, Raúl Leoni lo incorporó en esa comisión ya nombrada sin una justificación verosimil. Esta persona era cuñado de Manuel Mantilla (secretario de la Presidencia) y pariente de Doña Menca de Leoni, esposa del presidente.
Dos años antes, Alcalá Vázquez había sido indicado de haber cometido hechos delictuosos durante su cargo como Director General del Ministerio de Obras Públicas en relación con la compra y suministro de materiales de construcción para el Distribuidor “La Araña”. El expediente respectivo estaba pendiente en el Juzgado Tercero de Instrucción del Dtto. Federal, bajo el N° 8 738.
Bajo directa intervención de Alcalá Vázquez, la comisión descartó 6 empresas de prestigio internacional y las 4 seleccionadas, como comprobó después la Cámara de Diputados, estaban vinculadas por nexos financieros y técnicos.
El diputado copeyano Pedro Pablo Aguilar acusó a los altos funcionarios de Acción Democrática de proteger a la empresa escogida a cambio de una cuantiosa comisión. El «viaje de negocios» en 1967 a Europa de Alcalá Vázquez, Julio Pocaterra y Carlos Andrés Pérez daría sentido a esta acusación. Ellos, a excepción de Carlos Andrés Pérez, tuvieron una estrecha relación con Raymond Smith, agente de la compañía metalúrgica inglesa David and United Engineering Company.
Mediante investigación se comprobó la existencia de todas estas irregularidades y que las empresas selecionadas pertenecían, efectivamente, a un mismo epicentro empresarial.
Gracias a que Acción Democrática perdió su mayoría parlamentaria tras las elecciones de 1968, se logró crear una Comisión Investigadora que falló que la designación de Alcalá Vázquez por Raúl Leoni había sido irregular y que su actuación no obedeció a la ley.
Intervención en el Banco de Fomento
En 1965, ante la evidencia de irregularidades administrativas, el Ejecutivo ordenó intervenir el Banco de Fomento Comercial de Venezuela. El primer problema reside en que se designó a Francisco Acosta Estrada, gerente general del Banco Industrial de Venezuela, y no a la Superintendencia de Bancos, organismo que le correspondía la tarea.
Se encontraron las siguientes irregularidades:
- Negocios en el extranjero por 40 millones de bolívares que no habían sido contabilizados.
- Operaciones con empresas fantasmas, entre ellas una llamada “Quesolandia S.A.”.
El Presidente del Banco de Fomento Comercial de Venezuela, Miguel Rottemberg, logró encubrir sus ilícitas operaciones a través de sus influencias políticas. Esta persona era miembro importante de la comunidad judía venezolana y fue financista de la campaña electoral de Acción Democrática en 1963, donde prestó dos de los cinco millones de bolívares totales. Como de costumbre, el gobierno no utilizó a la PTJ para resolver el asunto, organismo encargado de este tipo de delitos, sino a la DIGEPOL. Firmó, bajo supuesta coacción policial, un documento mediante el cual cedía sus bienes en garantía al Ejecutivo Nacional. Posteriormente fue revocado.
La denuncia por drenaje de capitales dentro del Banco de Fomento Comercial en materia de operaciones financieras tuvo una magnitud de Bs. 80 000 000.
El contrato con la Creole Petroleum Corporation
En enero de 1968, el Estado venezolano y la Creole Petroleum Corporation firmaron un contrato para la instalación de una planta para la desulfuración de combustibles pesados en la zona de Amuay, Estado Falcón. Con la instalación de la planta se buscaba producir combustible con bajo contenido de azufre para la exportación; especialmente para Estados Unidos.
El proyecto tendría un costo total de Bs. 528 000 000 ($120 000 000) y contaría con la mayor capacidad de procesamiento del mundo. La Creole se comprometió a gastar en el país Bs. 200 000 000 por concepto de salarios, adquisición de equipos y materiales para la construcción de la planta. El 10 de marzo de 1968, el gobierno estadounidense autorizó la inversión.
La Creole Petroleum Corporation propuso un proyecto complementario: otra planta para la desulfuración de combustibles obtenidos a partir de crudos venezolanos en la refinería de Aruba. Comenzaría después de la planta inicial, y produciría un mínimo de 75 000 barriles diarios de combustible desulfurado. De esta manera, el Estado se comprometía a financiarlo y pagarlo.
Debido a que el gasto del proyecto complementario debía costearlo la Creole y no Venezuela, el Dr. Francisco Alvarez Chacín introdujo ante la Corte Suprema una petición de nulidad de dicho contrato, denunciando la inconstitucionalidad del mismo, pues esta planta beneficiaría principalmente a la empresa y no a la nación. El denunciante expresó que: «Lo que ha ocurrido aquí fue un desfalco contra los intereses de la nación, desde el inmaterial y sagrado de la soberanía hasta los meramente fiscales». Incluso Juan Pablo Pérez Alfonso, ex ministro de Minas e Hidrocarburos de Rómulo Betancourt, publicó un informe acerca del contrato. Mantuvo casi las mismas posiciones que Alvarez Chacín.
Se estimó inicialmente un costo de 440 millones de bolívares que aumentó, para la fecha del contrato (1968), a 528 millones, cifra que volvería a subir dos años después a 540 millones; monto exagerado, según diversos estudios de costos hechos por el denunciante. Además, el Estado concedió exoneraciones ilegales a la Creole sobre el impuesto de explotación del gas natural. Esto totalizaría en 15 años unos 80 millones de bolívares aproximadamente.
Por suerte, el proyecto complementario no llegó a construirse.
Referencias
Finalmente hoy se da al servicio el Hotel Tamanaco. (1 de Diciembre de 1953). El Heraldo, 8.
Parra, J. Á. (2018). Diccionario General del Zulia. Maracaibo: Sultana del Lago.
Capriles, R. (1989). Diccionario de la corrupción en Venezuela 1959-1979 (Vol. I). Caracas: Ediciones Capriles.
