En 1993, Caracas fue sacudida por una ola de ataques terroristas con fines lucrativos.
La serie de atentados inicio el 19 de julio con un sobre bomba en la sede de la extinta Corte Suprema de Justicia. La cual estudiaba si existía motivos suficientes para enjuiciar al expresidente de la república Jaime Lusinchi, por haber utilizado fondos secretos del gobierno para la compra de 60 Jeeps en 1988.
Una semana después de este suceso, una estación de servicio en Altamira fue sacudida por una explosión. Ese mismo día, la embajada de Colombia se convirtió en otro blanco de estos ataques. Incluyendo la escuela de enfermería de la UCV y la sede de Fedecámaras. Por estos hechos, el ex comisario de la DISIP, José Maximiliano Monsalve Planchart, fue detenido.
El atentado más impactante de esta serie tuvo lugar el 18 de agosto en el estacionamiento del CCCT, donde la detonación de un carro bomba causó heridas a tres personas, cerca del aeropuerto La Carlota, una de las principales bases militares de nuestra capital.
Ninguna organización se responsabilizó por el atentado del 18 de agosto. Las explosiones forzaron bajas en la Bolsa de Caracas y en los mercados internacionales en los cuales cayeron los precios de bonos que el Estado venezolano tenía en venta.
El 8 de octubre, el director del Cuerpo Técnico de Policía Judicial (PTJ), Orlando Jordán Petit, anunció la detención de varios individuos, entre ellos el expresidente de CANTV, Thor Halvrossen, tras un interrogatorio a Ramiro Helmeyer. Según Jordán, estos individuos buscaban manipular el mercado bursátil para aprovecharse de los atentados y obtener ganancias. Las autoridades señalan que los más altos cargos de tres entidades financieras también están involucrados. Estos arrestos corroboran las declaraciones previas del ministro del Interior, Carlos Delgado Chapellín, quien acusó al sector financiero de estar detrás de los atentados. Cabe destacar que Halvrossen fue enlace oficial de Venezuela ante el Consejo de Seguridad de Estados Unidos para asuntos de narcotráfico en 1978.
Otros detenidos fueron Álvaro Campins Camejo, presidente de Asfastrol (financiera con intereses en el exterior), liberado inmediatamente luego de hacer su declaración a las autoridades investigadoras; Gustavo José Mancera, abogado y asesor financiero del expresidente Luis Herrera Campins; José Ibrahim, presidente de Serfincor (intermediaria de capitales); Alan Torres Oliver, presidente de Serfin ST; András Manuel Rodríguez, de la misma empresa, y Danilo Diazgranados, de Fisa Unión. Igualmente, en una población del interior del país se entregó Carlos Freddy Gamboa, otro de los implicados por Helmeyer en su confesión.
La Bolsa de Caracas, junto con gremios bancarios y financieros, solicitó pruebas concretas de las acusaciones del ministro, ofreciendo sus registros para que la policía investigara. Noris Aguirre, presidente de la Bolsa, afirmó el 12 de octubre que, aunque se observaron aumentos significativos en el índice general previo a la explosión, no se detectó una caída considerable en el índice al día siguiente, lo cual descartaría un “caos económico” o especulación inducida para obtener ganancias excesivas.
Por su parte, el banquero Carlos Escotet señaló que las ganancias podrían haberse obtenido tanto en la Bolsa de Caracas como en mercados internacionales, destacando que la complejidad de las operaciones es mayor en Venezuela. A pesar de esto, consideró que realizar operaciones a corto plazo en mercados externos resulta más sencillo.
Durante los 74 días de encarcelamiento de Thor Halvorssen, su hijo, Thor Halvorssen Mendoza, encabezó una intensa campaña internacional para su liberación. Organizaciones como Amnistía Internacional, la Sociedad Internacional para los Derechos Humanos y Comités Helsinki en diversos países se unieron a esta causa. Gracias a estos esfuerzos, Halvorssen fue finalmente absuelto de todos los cargos. Ramiro Helmeyer fue condenado a la pena máxima de 30 años de prisión por el atentado, pero fue liberado en el año 2000 bajo el gobierno del expresidente Hugo Chávez.
